La injusticia de la justicia

Me gusta siempre encontrar alguna frase que refleje lo que pretendo expresar escribiendo, y en este caso resulta de plena actualidad lo que decía en el siglo XIX el novelista francés Honoré de Balzac…”la igualdad tal vez será un derecho, pero no hay poder humano que alcance jamás a convertirla en hecho”.

Y es que se nos llena la boca, sobre todo a los políticos, defendiendo el ideal tan noble de la igualdad de todos los españoles ante la Ley (lo expresa con toda claridad nuestra Constitución); es algo para nosotros evidente, indiscutido e incuestionable. Seguro que todos coincidimos a poco que se nos pregunte en que esa premisa debiera ser aplicada con rigor en todos los estamentos; sin embargo, que difícil es llevarlo a cabo cuando se entrometen intereses de otro tipo; entonces aparecen situaciones a todas luces injustas que evidencian una realidad de la que no debiéramos estar orgullosos.

La disparidad legislativa que sin duda existe, tiene especial gravedad cuando se encuentran en conflicto las familias, principal motor de nuestra sociedad y que todos debiéramos proteger, y no digamos nada cuando se ven involucrados hijos menores. Si analizamos la normativa que se aplica en situaciones tan determinantes en la vida de una persona como puede ser la ruptura de una pareja, vemos con asombro que de igualdad nada de nada.

En este punto planteo la siguiente pregunta, ¿el interés de los menores puede variar según la región de España donde vivan sus padres?. Estas preguntas tan fáciles de responder tienen su reflejo en una realidad muy difícil de justificar con la actual normativa referida al modelo de custodia preferente que se aplica tras la ruptura. Y es que no tiene justificación alguna que tal como ocurre en España, según los padres vivan en Málaga ó en Zaragoza, el interés de los hijos se suponga diferente por los Tribunales. Así, si residen en Andalucía el legislador entiende que lo más conveniente es, salvo excepciones, que vivan con un progenitor custodio y que el otro tenga un régimen de visitas más o menos amplio; y sin embargo si viven en Aragón el legislador entiende que lo mejor para él, es que los padres compartan su custodia. ¿Tiene esto algún sentido o explicación lógica?. Desde luego que no. En eso todos estamos de acuerdo, pero el legislador nos obliga a asumir esa barbaridad, cuando lo racional sería que hubiera una normativa única para todos los españoles; una normativa fundamentada en la lógica y la razón, y no parcheada a largo de todo el mapa regional como ocurre hoy.

Cada familia es un mundo y posee sus circunstancias peculiares; los niños, que son nuestro futuro y cuyo desarrollo emocional y afectivo va a condicionarlos para toda su vida, se merecen que los Tribunales se esmeren en analizar con rigor y responsabilidad que es lo que les conviene, y ello huyendo de los estereotipos y de las estadísticas. Ni la custodia compartida es la panacea, ni por supuesto debe ser defenestrada como ocurre en nuestra comunidad dejándola poco más que como una figura inalcanzable. Lo que no es de rigor es que enarbolando la bandera del interés del niño, vayamos contra el derecho natural mismo, poniendo cortapisas a un deseo legítimo de ambos progenitores por atender y cuidar de sus hijos, y también contra un derecho del niño a disfrutar en igualdad con su padre y su madre. En temas tan delicados como este, en donde las decisiones tomadas por el Juez van a condicionar el futuro de un menor, debe imperar el sentido común, aunque a veces nos damos cuenta en los Tribunales que como dijo H. Greele…”El sentido común es el menos común de los sentidos”.

Desde luego, lo deseable sería que la pareja pudiera pactar ese traje a medida que es la custodia de sus hijos según sus necesidades, sus edades, los horarios de los padres, sus ingresos y su disponibilidad a ocuparse de ellos, etc. Pero ese compromiso por desgracia no siempre se da, y nos empleamos a fondo para conseguir tener a los niños y de paso la vivienda ó una pensión. En esto el legislador tiene hoy por hoy una enorme responsabilidad, porque favorece la disputa al no legislar adecuadamente y con rigor esta materia, y lo hace al no separar el tema patrimonial de algo tan distinto como es el parental.

Ya hace más de seis meses que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunciara que modificaría el Código Civil para hacer una “ley única y nacional”. Hasta este momento no existe ninguna novedad al respecto. Parece que no tiene la prioridad necesaria para acelerar la cuestión.

Soledad Benítez-Piaya Chacón, Abogada de Familia.
Diario El Mundo 14-01-2013